Una política de derechos sociales y humanos
Como lo establece el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, la política social es una política enfocada en alcanzar una sociedad de derechos ciudadanos y humanos plenos. Es de nueva generación porque se articula en torno a los derechos sociales y humanos que recoge nuestra Constitución. Transita de manera progresiva de los derechos civiles de primera generación, como el derecho al voto y a la libertad de expresión, a los derechos sociales de segunda generación como es el derecho a la alimentación, la educación y la vivienda.
Una política para cerrar las brechas sociales
Asimismo, la política social es de nueva generación porque rompe con la dialéctica de las políticas focalizadas versus universales. Mientras que históricamente las políticas focalizadas se muestran dispersas y desarticuladas, las políticas universales enfrentan limitaciones presupuestales y frecuentemente se centran en los derechos de los trabajadores formales. Así, la nueva política social busca cerrar las brechas sociales y hacer efectivos los derechos sociales de toda la población.
Focalizar recursos para universalizar derechos
La diferencia estriba en que mientras las circunstancias económicas y sociales de unos les permiten acceder a todos los derechos sociales y contar con los recursos suficientes para una alimentación sana, otros no pueden hacerlo por impedimentos de diversa naturaleza. Bajo el principio de focalizar recursos para universalizar derechos, la política social de nueva generación prioriza a la población en pobreza extrema, que son los que tienen una menor capacidad de hacer efectivos sus derechos sociales.
Se transita de beneficiarios a derechohabientes
Se trata de que los individuos, frecuentemente vistos como receptores pasivos de los bienes y servicios sociales, es decir como beneficiarios, se conviertan en actores activos de la materialización de esos derechos, es decir, en derechohabientes sociales. Con ello se pone al ciudadano en el centro de la política social, ubicándolo como un agente de cambio, protagonista de su propia superación a través de su organización y participación activa. El derechohabiente social participa para hacer realidad los derechos sociales y humanos.
Una política social construida desde abajo
La diferencia está no sólo en lo que se hace, sino en cómo se hace. Por ello se construye una política social desde abajo, desde la comunidad, realizando asambleas y formando comités comunitarios, incorporando a las organizaciones de la sociedad civil y firmando convenios con universidades para que jóvenes sean los que faciliten la organización comunitaria.
Una vía para generar cohesión social a través de la participación comunitaria
No es sólo una diferencia en la forma de trabajar, de diseñar y ejecutar la política social. Es ante todo una vía para generar cohesión social y reconstruir el tejido social, para fortalecer los lazos de unidad y de confianza entre los integrantes de una comunidad. Esta forma de abordar las políticas sociales se sustenta en el esquema formado por el binomio familia-comunidad y no sólo al individuo aislado. La mayoría de las políticas que hasta ahora se venían realizando focalizaban al individuo y en buena medida lo aislaban de su entorno socioeconómico.
Empatar la demanda social con la oferta de programas
La participación social es más que un cambio de conceptos, es un cambio de actitudes tanto de los individuos como de las instituciones públicas. Las instituciones reconocen que es su obligación responder a las demandas y trabajar conjuntamente con los individuos y sus comunidades para empatar la demanda social y las prioridades de la comunidad con la oferta de programas y estrategias sociales. En su acepción más profunda, es formar ciudadanía, es decir, sujetos activos de derechos.
Reconstrucción de la confianza ciudadana
Además, a través de la participación ciudadana se reconstruye la confianza. Las estrategias que se diseñan desde el centro y aplican como prescripción sin tomar en cuenta las cosas que son valiosas para la gente han minado la confianza en las autoridades. La creación de espacios en la política pública para la gobernanza participativa es romper con el esquema jerárquico entre el Estado y la gente y construir una relación más horizontal.
Coordinación interinstitucional e intergubernamental
Otra de las estrategias de la nueva política social es privilegiar la coordinación interinstitucional dentro del gobierno federal e intergubernamental con estados y municipios. Así fue concebida la primera gran decisión en materia de política social de la actual administración federal, la Cruzada Nacional contra el Hambre, y así están diseñadas en su conjunto las políticas sociales dirigidas a los sectores de la población en pobreza.
El territorio como eje
La coordinación interinstitucional del gobierno federal permite atender a los sectores de la población que por sus condiciones de pobreza, de diversidad cultural y de dispersión territorial, entre otros factores, no son considerados plenamente en los programas de trabajo de los sectores de la administración pública. Se requiere de un enfoque diferente que contemple el conjunto de pequeñas obras y acciones públicas que desatan un cambio radical en las comunidades y en la cual sea el territorio el eje articulador de la política social.
En coordinación con los Estados
Los gobiernos estatales son un engranaje relevante para adecuar las políticas sociales que define el gobierno federal a las características sociales y económicas de cada entidad. De manera coordinada con sus propias políticas sociales, los resultados se traducen no sólo en mayores recursos, sino también en una mayor direccionalidad y efectividad en lograr extender el acceso a los derechos sociales a más amplios sectores de la población. Se trata de evitar duplicidades, de ordenar y coordinar la actuación pública, pero también de generar conjuntamente una política efectiva del ejercicio de los derechos sociales.
Aprovechando la cercanía del municipio con la gente
Dentro del nuevo esquema tiene un papel relevante la actuación del gobierno municipal. La fortaleza de este nivel de gobierno es su cercanía con la gente, el principio que le da origen que es la participación organizada de la comunidad. La asamblea comunitaria y su órgano de representación, a través del comité comunitario de los programas sociales, constituyen el mejor vínculo con la autoridad municipal para hacer de la participación social organizada una forma de trabajo permanente.
Se recuperan los instrumentos de política social a nivel local, municipal y regional
Con las reformas al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social se recupera la capacidad de planeación y articulación de la política social a nivel local, municipal y regional. Con la nueva Ley de Coordinación Fiscal, los lineamientos que emitirá la Sedesol y el catálogo de obras y acciones se pueden vincular las acciones de los Programas de Desarrollo Comunitario a carencias sociales específicas que están asociadas a derechos. Se pasa entonces de un escenario de recursos dispersos y sin congruencia en los municipios y las localidades, a uno de recursos articulados entorno a metas comunes y estrategias conjuntas. El nuevo marco normativo brinda una red a través de la cual los tres niveles de gobierno trabajan en coordinación con la comunidad para superar la pobreza de manera incluyente.
Se rompe así con la idea del gobierno archipiélago
Se rompe así con la idea del gobierno archipiélago, de un gobierno federal en el que cada dependencia y entidad definía sus propios objetivos y la población a la que se dirigía sin considerar ni los aspectos positivos como las sinergias y los efectos multiplicadores con otros programas, ni los negativos, como las duplicidades y los incentivos perversos como la “trampa” de la pobreza.
La política social de nueva generación camina de la mano con la política económica
La política social de nueva generación camina de la mano con la política económica. Ejemplo de ello la Reforma Social y Hacendaria que fue diseñada pensando en los que menos tienen. Esta reforma evitó el IVA en alimentos y medicinas, lo cual hubiera representado un incremento sustancial de la pobreza en México. Con la reforma se podrán financiar incrementos importantes en gasto social, de salud y educación, así como la instrumentación de un sistema de pensión universal y seguro de desempleo. Si se concretan las reformas, lograremos brindar a la población un paquete básico de seguridad social como nunca se ha otorgado en la historia de México, siendo esta una carencia de más de 71.8 millones de mexicanos.
El mejor ejemplo: la Cruzada Nacional Contra el Hambre
Entre los ejemplos de la forma en la que esta política social de nueva generación destaca la Cruzada Nacional contra el Hambre. Combatir el hambre es el primer paso de una política social más amplia. En México hay 7.01 millones de personas con hambre, es decir, en pobreza extrema alimentaria. Para iniciar la Cruzada se priorizaron 400 municipios urbanos y rurales en los que se está trabajando de manera coordinada entre diferentes niveles de gobierno, las dependencias federales y la población de las comunidades.
Otros ejemplos: rediseño de Oportunidades, PAL-Sin Hambre y la vocación social de Diconsa y Liconsa
Otro de los ejemplos es el rediseño del Programa Oportunidades con el cual se convierte en una plataforma de superación personal y movilidad social, que permite a las y los beneficiarios transitar a la productividad. Además, se incorpora el esquema Apoyo Alimentario SIN Hambre, que atiende a 250 mil familias incorporadas en 29 entidades del país y consiste en 638 pesos mensuales que se entregan de manera bimestral a través de una tarjeta para adquirir productos de la lista autorizada en las tiendas Diconsa y se firmó un convenio con Liconsa para que ahora las familias de Oportunidades puedan tener acceso a los productos lácteos de este sistema de tiendas. Además, Diconsa y Liconsa modificaron sus lineamientos para poder hacer compras a productores locales, con lo cual se convierten en promotores de la economía local. Con todo ello, Diconsa y Liconsa recuperan su vocación social y contribuyen a cerrar las brechas sociales y hacer efectivo el derecho a la alimentación de la población en pobreza.
Una política social transparente y en proceso de mejora continua
Finalmente, la política social de nueva generación reconoce el carácter multidimensional de la pobreza y está alineada a los indicadores de la medición del Coneval. Ello aunado a la apertura del programa en términos de transparencia y rendición de cuentas, permitirá dar un seguimiento oportuno la pobreza y de las carencias sociales que la componen. De esta manera, la política social adopta un ciclo de mejora continua con base en la retroalimentación que ofrecen las evaluaciones.
La responsabilidad de la SEDESOL es conducir la política social del Estado mexicano en su tránsito progresivo hacia la universalización de los derechos
No significa hacer todo, sino todo lo que incide directamente en la población en pobreza. En ocasiones se le pide a la SEDESOL que incida en la creación de empleos o en el mejoramiento de los salarios; que otorgue créditos a los productores agrícolas o que amplíe los programas de vivienda, todo lo cual rebasa sus atribuciones, el alcance de sus políticas públicas y los recursos disponibles. La SEDESOL debe asumir como su principal tarea promover que cada dependencia, en su respectivo ámbito de responsabilidad, realice acciones en beneficio de la población en condición de pobreza que padece esas carencias. Por otro lado, la SEDESOL debe utilizar los programas específicos que recaen en su ámbito sectorial como un instrumento para darle dirección estratégica a la política social. Ya tenemos el ejemplo de la Cruzada, pero así puede ser con los otros programas y aprovecharlos como instrumentos para detonar un conjunto de acciones que permitan disminuir hasta acabar con las carencias sociales que padecen aún millones de mexicanos.
Oficina de la C. Secretaria
Coordinación de Asesores