Es sólo una parte de la política social de nueva generación del gobierno de la República, para combatir la pobreza extrema y la carencia alimentaria.
Actualmente llega a 400 municipios, pero a mediano y largo plazos deberá estar en todos los municipios del país: Enrique González Tiburcio.
La Cruzada Nacional Contra el Hambre es sólo una parte de la política social de nueva generación, que busca atender todas las carencias sociales, no sólo la de alimentación, afirmó Enrique González Tiburcio, coordinador de asesores de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).
El funcionario señaló que el derecho a la alimentación, consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tiene por objeto garantizar el acceso permanente y seguro no solamente a los alimentos, sino a una dieta adecuada y nutritiva.
Explicó que el acceso a la alimentación como derecho humano no implica novedad alguna, pero ha entrado en una fase en la que su aplicación se ha convertido en el eje de los esfuerzos de las políticas públicas y, específicamente, de las de orden social.
González Tiburcio destacó que la política social del gobierno de la República deriva de la segunda de cinco metas nacionales, identificada como México Incluyente, que busca la protección social universal, por lo que focaliza recursos para hacer efectivos y generales los derechos constitucionales, como el de la alimentación, contenido en el Artículo 4º. constitucional.
En este sentido, agregó, “la Cruzada Nacional Contra el Hambre es una estrategia que busca garantizar el derecho de acceso a la alimentación, por lo que define al hambre no como la falta de alimentos, sino como la situación que enfrenta una persona al encontrarse en condiciones de pobreza extrema y carencia alimentaria, situación en la que, según datos del Consejo Nacional para la Evaluación de las Políticas de Desarrollo Social (Coneval), se encuentran más de siete millones de mexicanos.
Estas personas se constituyeron en la población objetivo de la estrategia mandatada por el presidente Enrique Peña Nieto, al ser las más pobres del país.
El funcionario de la Sedesol precisó que la población con ingresos menores a las líneas de bienestar mínimas (2,422.82 pesos en zonas urbanas y 1,561.17 pesos en zonas rurales) es de siete millones, por lo que se atiende a 400 municipios prioritarios, aunque la meta es llegar a todos los municipios del país, para lo cual es fundamental la participación social.
Al comentar las recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para aplicar una estrategia nacional por el derecho a la alimentación, González Tiburcio señaló su correspondencia con las acciones de la política social de nueva generación que instrumenta la Sedesol:
