Afirman especialistas en el Foro de Alto Nivel de la FAO que deben garantizarse los derechos sociales de la población en pobreza extrema y carencia alimentaria.
Diconsa se ha transformado en un motor de las economías locales y regionales al ofrecer productos nutricionales y hacer compras sociales.
La problemática del hambre sólo encontrará respuesta en la medida en que se incentive la capacidad productiva de los habitantes en pobreza y carencia alimentaria y se garanticen sus derechos sociales, lo cual implica crear una política social de nueva generación para alcanzar un México incluyente.
Lo anterior quedó de manifiesto durante el panel “Políticas de Atención Social” efectuado en el marco del Foro de Alto Nivel “Sistemas Alimentarios Sostenibles: una política integral de seguridad alimentaria y nutricional”, organizado por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), con motivo del Día Mundial de la Alimentación.
En el segundo y último día de trabajos, el director general de Diconsa, Héctor Velasco Monroy, dijo que la sectorizada de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) se ha transformado en un motor de las economías locales y regionales al mejorar la infraestructura para el acceso a los productos alimenticios y las estrategias de compras sociales.
Para garantizar el acceso de los alimentos en las zonas de alta y muy alta marginación, Diconsa descansa en tres mecanismos: el programa de alimentación rural; el programa SINHambre y el auxilio en caso de contingencias, para lo cual la empresa social tiene 26 mil tiendas, 136 tiendas móviles, 17 Centros de Atención a Derechohabientes (CADES) y una cobertura a 24 mil localidades con alimentos adquiridos, en la mayor parte de los casos, a productores nacionales y locales.
Agregó Velasco Monroy que mediante las compras sociales, este año se adquirirán 189 mil toneladas de granos, particularmente de maíz, que representan el 42 por ciento del total adquirido durante 2012, así como frijol, del cual se ha comprado el equivalente al 59.4 por ciento del año anterior.
Las acciones para el abasto alimentario significan, hasta la fecha, un ahorro de 1,191 millones de pesos a los consumidores, mientras que en el caso de las compras sociales se han beneficiado más de cuatro mil productores.
En su participación, el secretario técnico de la Comisión Intersecretarial de la Cruzada Nacional Contra el Hambre, Omar Garfias Reyes, dijo que con esta estrategia de coordinación interinstitucional se ha logrado que la comunidad tenga un papel central, por lo que ahora se pretende crear un espacio institucional para superar la exclusión política de los siete millones de personas en pobreza y carencia alimentaria.
“Se trata de reconstruir espacios para que estas personas participen en la definición de los rumbos de su comunidad y la oferta institucional se oriente a parir de las decisiones de las propias comunidades. Explicó que se diseñaran planes locales de generación de ingreso y de desarrollo productivo, y la oferta de servicios de las instituciones involucradas en la Cruzada se hará de manera integral y con promotores que vivan en los núcleos poblacionales”, detalló.
Garfias Reyes dijo que los mecanismos de evaluación que tiene la Cruzada, a través del Coneval, dan transparencia y posibilidad de alcanzar metas muy precisas, que contribuyan a la reducción del número de mexicanos que en la actualidad padecen hambre.